Gobierno flexibiliza norma laboral para recuperar confianza empresarial

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El gobierno del presidente Ollanta Humala flexibilizará la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir sobrecostos laborales de las empresas, como parte del paquete de medidas que buscan impulsar la economía.

El ministro de Economía, Luis Castilla, afirmó que las modificaciones que se realizarán a la norma significarán un ahorro de unos S/. 1,000 millones para las empresas.

“Las empresas seguirán cumpliendo sus obligaciones (laborales) pero sin que esto signifique costos confiscatorios, especialmente para pequeñas y medianas empresas”, subrayó.

Castilla no dio detalles de las modificaciones anunciadas, pero una fuente del sector adelantó a Gestión que el Gobierno eliminará la obligación de las empresas a realizar tres exámenes médicos al años por trabajador a uno solo cada dos años, excepto en actividades de alto riesgo.

Castilla comentó que como parte de los cambios anunciados también se reducirá los montos de las penas establecidas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), ya que representan potenciales sobrecostos para las empresas. Debe notarse que en diciembre del 2013 el Gobierno publicó un reglamento de gradualidad de infracciones laborales que ya contemplaba una reducción de las multas de hasta 90%, que se implementó en marzo de este año.

Detalló, además, que moderarán la aplicación de las sanciones de la Sunafil por un periodo de tres años, a través de un tope de hasta 35% del monto de las multas que se le cobrarían a las empresas fiscalizadas.

“Durante ese periodo de tres años también se realizarán labores de acompañamiento y aprendizaje para las empresas fiscalizadas con el objetivo de permitirles aprender todo el marco legal laboral que se aplicará”, dijo.

Sin embargo, el ministro aseguró que estos cambios se realizarán sin poner en juego la salud y la seguridad de los trabajadores, y con el objetivo de recobrar la confianza de los agentes económicos en medio de un proceso de desaceleración.

Desde que el Gobierno implementó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los gremios empresariales han manifestado su preocupación ante las elevadas multas y complejas exigencias.

“No estamos reduciendo los parámetros de fiscalización y fortalecimiento del Estado, pero tiene que haber un equilibrio, pues quien paga las consecuencias (del cierre de una empresa) es el ciudadano”, agregó.

 

Fuente: Diario Gestión

 

 

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