Desde que comenzó la emergencia sanitaria, la situación laboral de muchos peruanos entró en crisis y, con ello, se agudizó la tasa de desempleo e informalidad en el Perú. A más de un año de la pandemia y a puertas de tener un nuevo gobernante del país, la doctora Luz Pacheco, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, comenta los retos que siguen pendientes en el Derecho del Trabajo, cara al Bicentenario.
El nuevo Gobierno, indica la laboralista, debe hacer compatible la promoción del empleo con los derechos laborales fundamentales para que aseguren un trabajo decente. “El Estado tiene que ser creativo para apoyar al empresario formal, en materia tributaria y premiar las buenas prácticas laborales, pues estos empleadores ofrecen seguridad y trabajo estable”.
Un Código de Trabajo
Además, indicó, se deben unificar en un Código de Trabajo las normas laborales que, actualmente, se encuentran desperdigadas; de esta manera, se podrá evaluar si las diferencias de trato que existen en los regímenes especiales responden, realmente, a diferencias objetivas que las justifican.
Por otro lado, indica la profesora Pacheco, se debe poner en marcha un seguro de desempleo eficaz y menos oneroso que la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), mediante la contribución estatal o la compensación, en la proporción debida, que evite las situaciones de pobreza y abandono de los desempleados.
Las pensiones
Asimismo, Luz Pacheco señala que los sistemas de pensiones deben ser reformados integralmente para que las personas tengan una vejez en condiciones dignas y justas, proporcional a los años de aportación. “Es razonable que las AFP tengan utilidades; pero deben ser proporcionales a los beneficios que otorguen a sus afiliados, en particular, lo referente a la pensión mínima”, agrega.
También recalca que el servicio inspector de Sunafil tiene que centrar su actividad en el sector informal; y que, cuando encuentre buenas prácticas en un empleador, en estos tiempos de crisis, debe incentivar su comportamiento otorgándole algún tipo de reconocimiento. De igual modo, las multas por incumplimiento de las normas laborales deben ser proporcionales a la situación económica actual que ha dificultado la supervivencia de muchas empresas, anota la docente universitaria.
Finalmente, los organismos del Estado, en lugar de desincentivar la puesta en marcha de puestos formales, deben otorgar un espacio de tiempo para la rectificación y cumplimiento sociolaboral: “Considero que sería muy útil que estos temas se dialogaran y acordaran entre los agentes sociales responsables de la reactivación económica: los trabajadores, empleadores y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”.
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