Cambios y riesgos laborales que estarán presentes este 2021

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El año que pasó se caracterizó en materia laboral por sus idas y vueltas para atender la preservación de los empleos. Aunque, para este 2021 la situación no será muy distinta presentándose diferentes riesgos para trabajadores y empleadores.

Uno de los puntos más resaltantes es lo que sucederá con el trabajo a distancia. Recordemos que el Gobierno emitió una prórroga del trabajo remoto hasta julio del 2021, ¿esto se mantendrá o se modificará la Ley de Teletrabajo? Si bien esta modalidad está vigente desde el 2016, apenas cerca de 2 mil trabajadores prestaban servicios mediante esta figura antes de la pandemia debido a los sobrecostos que debía asumir el empleador. Sin embargo, con la implementación del trabajo remoto –cuya característica principal es la flexibilidad– se registraron alrededor de 250 mil trabajadores, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Algunos especialistas señalan que se debe modificar la Ley de Teletrabajo para flexibilizarla y pueda ser utilizada por las empresas desde agosto del 2021. En tanto, Miguel Rubio, socio del Área Laboral de EY Perú, considera que “la experiencia ha probado que el trabajo remoto se ha convertido en una figura viable”, por lo que resultaría importante retomar la discusión de los proyectos de ley que plantean ello.

Otro punto importante que se debe señalar son las tres iniciativas legislativas presentadas vinculadas al trabajo a distancia, aunque solo una con dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso. Esta última busca derogar la antigua Ley de Teletrabajo y reformarla: plantea que los empleadores compensen al trabajador cuando se acuerde que use sus propios equipos y servicio de Internet.

El reto, además, también estará asociado a la asignación del trabajo por tipos de puestos en la organización, mientras se debe cumplir el derecho a la desconexión digital; de lo contrario, podría conllevar reclamos a futuro, comenta Carlos Cadillo, consejero del estudio Miranda & Amado.

El 2021 inicia con la puesta en vigencia de la nueva ley agraria –que establece una bonificación especial de 30 % de la remuneración mínima vital–, luego de una serie de protestas a nivel nacional. Para Germán Lora, profesor de la escuela de posgrado de ESAN, la promulgación de esta ley elaborada por el Congreso condice un gran riesgo laboral, pues “marcará un hito en la forma de incrementar las remuneraciones mínimas –a través de una ley–, lo cual va en contra de nuestra Constitución”.

En esa línea, la continuidad de este Congreso hasta el cambio de Gobierno a mediados del año pondrá en “riesgo que se aprueben más medidas populistas”, comenta Ávalos, del estudio Payet. Además, señala que el año electoral podría traer a la mesa el ofrecimiento de medidas populistas que afecten el empleo formal y el sistema de pensiones.

Pero también existen peligros asociados a la fiscalización laboral. Según comenta Miguel Rubio, de EY Perú, la imposición de multas por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Igualdad Salarial puede ser uno de los riesgos que más presente esté al inicio de este nuevo año. Ello, pues Sunafil concluyó el 2020 remitiendo oficios a las empresas requiriendo información para verificar la existencia o no de equidad salarial al interior de las organizaciones. La mayor cantidad de fiscalizaciones y las resoluciones de multa que Sunafil viene emitiendo, agrega, dará pie también a que “se produzca un importante aumento en el número de demandas contencioso administrativas a ser iniciadas por los empleadores”.

Germán Lora, también socio de Damma Legal Advisors, considera alarmante la dificultad que tienen los empleadores para desvincular a trabajadores. “Ante la necesidad empresarial del cierre de una unidad de negocio o una grave situación económica, el cese colectivo es un mecanismo vetado por la Autoridad Administrativa de Trabajo”, precisa.

Tan solo entre enero y octubre del 2020, se registraron cerca de 31 mil denuncias virtuales ante la Sunafil; una cantidad elevada que se verá reflejada en el incremento de conflictos laborales este año, indica Cadillo, de Miranda & Amado. Esto, explica, se debe a que el Poder Judicial ya está operativo y las demandas que no habían sido tramitadas por los juzgados laborales, este año sí lo serán.

Así, las demandas judiciales principalmente por el reintegro de beneficios laborales e indemnizaciones; así como las relacionadas a la reposición en el empleo por la no renovación de contratos a plazo fijo se elevarán, señala Rubio. A ello, se añaden las demandas exigiendo el pago de los meses no laborados de las solicitudes de suspensión perfecta desaprobadas, así como las imputaciones por responsabilidad del empleador por el contagio del COVID-19, recalca Cadillo. Será clave, añade, contar con planes de gestión de manejo de los conflictos y enfocarse en la prevención de los mismos.

Fuente : El Comercio


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