Marco legal laboral: Apremian cambios para fortalecer la dinámica del empleo

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La situación del mercado laboral del país requiere de urgente medidas, sobre todo en un escenario de  menor crecimiento como el actual. La rigidez y escasa estabilidad del marco legal, y la elevada informalidad, son algunos factores que limitan su desempeño. Es indispensable resolver las restricciones y avanzar hacia una mayor claridad legislativa.

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En las economías modernas el mercado juega un rol esencial en su desarrollo y muchos aspectos de su funcionamiento son regulados a través del marco legal. Por eso, el desempeño de una economía también está, en buena medida, en manos de la normatividad legal, que puede actuar estimulando o limitando las fuerzas del mercado.

Particularmente, desde la perspectiva del mercado laboral en el Perú, existe coincidencia en que el marco legal que lo regula es muy rígido. Jorge Toyama, socio del Estudio Miranda & Amado Abogados, señala que de acuerdo al World Economic Forum somos el noveno país más rígido en contratación laboral y despidos de 144 economías. Es más, de las variables en donde el país es menos competitivo, «lo laboral» es la segunda traba a nivel global.

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«Conjuntamente con salud, educación y seguridad, la situación del empleo en el Perú amerita una urgente y relevante actuación del Estado.  Lo dicen las cifras.  Lo dicen los organismos nacionales e internacionales. Lo dicen las encuestas», enfatiza Toyama.

Cierta flexibilidad

No obstante la fuerte rigidez, existen algunos elementos del marco legal que apuntan a brindar cierta flexibilidad a las empresas para que éstas puedan acomodarse a los vaivenes del mercado.

«Por ejemplo, tenemos el cese colectivo por motivos económicos. Sin embargo, son los operadores de estas normas, es decir, los encargados de aplicarlas, quienes a través de interpretaciones restrictivas, han generado que dichas regulaciones resulten inaplicables en la práctica», afirma Liliana Tsuboyama, abogada del Estudio Tsuboyama, Cuzquén & Nicolini Abogados.

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Por su parte, Angela Culqui, abogada especialista en materia laboral, señala que hay que reconocer que nuestro actual marco legal, sobre todo en lo que atañe al mercado laboral, se ha enfocado en dinamizar las normas para que se actualicen acorde a nuestros tiempos. Pero, es evidente que todavía hay mucho por avanzar como se puede advertir a partir de la existencia de normas que no se aplican o que no regulan lo necesario para conseguir el objetivo por el que han sido creadas.

«Existen muchas normas que, en vez de facilitar, obstaculizan; entonces, es importante que el Estado detecte cuáles son éstas y así pueda preparar y ayudar a los agentes económicos a afrontar este escenario de menor crecimiento», indica Angela Culqui.

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No solo es necesario contar con normas que no entorpezcan la dinámica de los mercados, sino además es importante que se mantengan estables en el tiempo. En este punto, Juan Carlos Benavente, socio del Estudio Torres y Torres Lara Abogados, observa más bien una falta de estabilidad normativa –sobre todo cuando se cambia de un gobierno a otro–  en temas que debieran ser una política clara y uniforme del Estado.  «Eso, sin duda, genera mayor desconfianza en un contexto de poco crecimiento económico. Dicha situación no allana el camino a los agentes económicos, sino todo lo contrario», afirma Benavente.

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Principales problemas
Ciertamente, el menor crecimiento económico por el que atraviesa el país ha colocado en un primer plano la necesidad de resolver esas restricciones y limitaciones para mejorar el desempeño del mercado laboral.

Se ha vuelto urgente resolver los principales problemas del país como son la elevada informalidad, la baja cobertura social (contar con seguro se ha convertido en un privilegio, tanto como estar en «planillas»), y los exiguos niveles de productividad laboral que genera sueldos por debajo de la canasta básica.

Todo eso requiere del desarrollo de  una política integral en la que, además, todos los empleadores –grandes, medianos y pequeños–, sin excepción alguna, cumplan con las obligaciones pertinentes.

Sin duda, una de las herramientas es el marco legal, el cual debería también dar incentivos para premiar la productividad de los empleados y asegurar la autonomía de las empresas en la organización de sus propios lineamientos y políticas.

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«Asimismo, es momento de evaluar las obligaciones que actualmente se encuentran en cabeza de los empleadores y analizar si son razonablemente exigibles a todos los empleadores, pues muchas veces esta carga sólo puede ser asumida por empresas solventes», considera Liliana Tsuboyama.

Juan Carlos Benavente, sugiere avanzar en dirección de una mayor claridad legislativa y reducir los vaivenes del Poder Judicial en materia laboral en casos simples como la jubilación obligatoria a los 70 años, las indemnizaciones adicionales a la compensación por despido, la falta de protección para el personal de confianza que es despedido, las excesivas multas de la Sunafil, entre otros.

Informalidad
No  hay olvidar que uno de los problemas más graves que aqueja al empleo en el país es la ingente informalidad, conformado en su mayoría por microempresas, en el que, a pesar de una regulación cambiante y de fomento a la formalidad, no se ha logrado reducir la informalidad laboral de manera notoria.

De acuerdo a un informe del año 2015 del Ministerio de Trabajo sobre formalización laboral,  de los 16 millones de la población económicamente activa (PEA) ocupada, el 70% de los trabajadores son informales. Es decir, el sector informal comprende a poco más de 11 millones de trabajadores.

Jorge Toyama detalla que la microempresa aglutina 3,5 millones de trabajadores informales, los independientes no calificados 5,2 millones y el trabajo familiar no remunerado representa 2,3 millones de trabajadores.  Son trabajadores que perciben bajos ingresos, no acceden a la formalidad y tienen escasa cobertura en seguridad social.

«El 67% de los trabajadores no tienen aportes a un régimen previsional, mientras que el 38% no tenía cobertura en salud (31,5% está dentro del Sistema Integral de Salud, SIS). En rigor, solo el 28% de los trabajadores tiene un aseguramiento contributivo (Essalud y EPS)», precisa Toyama.

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Reorientar las normas
Entonces, es momento de repensar en los aspectos más importantes de la normatividad y reorientarla para brindar más claridad e incentivos a los agentes económicos, con reglas claras y justas.

Sin embargo, Juan Carlos Benavente no ve que el gobierno actual siquiera tenga algunos planteamientos concretos para mejorar la legislación laboral.

Hasta ahora lo que se ha discutido es el ofrecimiento de un seguro de desempleo –lanzado en la campaña presidencial por el actual gobierno. Sin embargo, advierte Liliana Tsuboyama, no existe aún claridad acerca de las características principales de este beneficio y su relación con la Compensación por Tiempo de Servicios.

Por cierto, desde hace muchos años que se está intentando concentrar en una sola norma todas las regulaciones laborales, la cual no solo se consolidaría en una Ley General del Trabajo, sino también mejoraría muchas de las normas actualmente vigentes.

«Sin embargo, debido a que diversos sectores no se ponen de acuerdo, aún no contamos con una Ley General del Trabajo, lo que significa que a nivel de condiciones laborales y regulación laboral aún tengamos muchas deficiencias», afirma Angela Culqui.

No obstante, la abogada especialista en materia laboral refiere que el gobierno tiene buenos programas de fomento de empleo y que en los últimos años se han aprobado leyes laborales importantes como la ley de cuotas de los discapacitados, la del teletrabajo, etcétera, lo que revela una preocupación por incrementar el empleo en todos los niveles.

«Sin embargo, a mi modo de ver no basta con crear legislación, también se necesita de otras herramientas, como capacitación y conscientización para la aplicación adecuada de las normas», señala Culqui.

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¿Por dónde empezar?
Solo hay que volver a mirar las estadísticas sobre la informalidad para darse cuenta que la solución no está en concentrar la regulación en más inspecciones, la CTS, los sindicatos o en una ley general del trabajo.

Como señala Jorge Toyama, todas esas iniciativas solo apuntan a las medianas y grandes empresas, que no supera al 20% de la PEA, segmento donde la regla es la inclusión en planillas y los trabajadores gozan de seguros de salud y cuentan con pensiones. De hecho, son los centros laborales más inspeccionados, en donde existen sindicatos conformados, los trabajadores tienen acceso a asesoría legal pública o privada, etcétera.

Por lo tanto, el gobierno debería de concentrar sus esfuerzos en el 80% restante, que es donde están los informales, las microempresas, los subempleados y los independientes. Este grupo no solo congrega a la inmensa mayoría de peruanos, sino que son los que requieren de inmediata atención.

«En este grupo no hay “seguro” (ni salud, ni pensiones, solo el SIS del Estado que tiene sus naturales limitaciones), no existen ingresos fijos y si los hay son bajos, hay poca productividad, se vive de la informalidad», sostiene Toyama.

Como resultado, la mayoría de la PEA no tiene seguro ni beneficios sociales, no tiene ingresos regulares ni adecuados.  El objetivo que debe guiar todos los esfuerzos del gobierno es, entonces, conseguir que todo peruano esté asegurado, que tenga acceso a capacitación y reconversión laboral. Las microempresas deberían tener reales facilidades para su inserción en el mundo formal.

«Asimismo, el gobierno debe implementar la gran reforma del servicio civil.  Es necesario contar con normas que reconozcan al talento en el Estado y promuevan el desarrollo profesional de los servidores públicos sobre la base de la meritocracia», añade Toyama.

Sunafil
Por otro lado, el incumplimiento laboral es otro de los puntos donde todavía falta mucho por avanzar. Es en éste ámbito donde están los grandes retos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

No obstante, Liliana Tsuboyama cuestiona que la labor fiscalizadora de esta institución se concentre mayormente en las empresas formales. En efecto, no se conoce que la labor de supervisión de esta institución esté dirigida a aquellos centros de trabajo donde los servicios se vienen prestando fuera del marco legal, con todo lo que ello genera: jornadas extenuantes de trabajo sin la compensación pertinente, falta de cobertura de la seguridad social, sub-empleo, entre otros.motivo-5

Si bien desde su creación como entidad especializada ha demostrado grandes mejoras de gestión, tanto a través de un mayor número de inspectores, así como de más capacitación para desarrollar su labor, sin embargo, Angela Culqui refiere que los criterios de resolución de los casos investigados algunas veces no son uniformes, por lo cual este sería un punto de mejora, entre otros más.

Si bien, en general, se puede decir que el papel de esta autoridad hasta ahora es aceptable, Juan Carlos Benavente cuestiona que la Sunafil cuente con un marco legal inflexible y de multas confiscatorias.

Desde que empezó la Sunafil su labor de fiscalización, en abril de 2014, ha resultado en más de 14 mil actas de infracción, donde se proponen multas administrativas. No debe extrañar entonces que las empresas muestren preocupación por las sanciones.

La recomendación más sencilla para evitar las multas es simplemente cumplir con la normatividad. «Si no estás dispuesto a ello entonces no debe ejercerse el rol de empleador. Una buena asesoría legal es parte de esta prevención», anota Benavente.

Para cumplir de forma adecuada con la normatividad Angela Culqui recomienda a las empresas capacitar a sus equipos de recursos humanos y jefes no solo para adecuarse a las normas laborales, también para prevenir infracciones.

Hay que tener en cuenta que las multas por las infracciones son impuestas no solo por cada infracción, sino también por cada trabajador afectado, lo cual  puede tener como consecuencia sanciones de hasta un máximo de 300 UIT.

El balance
Finalmente, haciendo un recuento de la evolución de las normas legales relativas al mercado laboral, Juan Carlos Benavente percibe que la balanza se ha inclinado  de manera excesiva a favor del trabajador. «Es tiempo ya de proteger también al otro lado de la relación laboral», señala Benavente.

Mirando hacia adelante, a corto plazo, todavía no queda claro el camino que tomarán los cambios anunciados por el poder ejecutivo, sobre todo los referidos al seguro de desempleo y la compensación por tiempo de servicios. Sin embargo, las mayores expectativas están puestas en el largo plazo.

«Ojalá que en el 2021 exista una mayor cultura de aseguramiento en salud y pensiones, se incida en la promoción del empleo antes que la rigidez para quienes ya están en planillas y se promueva la productividad y empleabilidad antes que la estabilidad laboral», finaliza Jorge Toyama.

Para que esa visión se pueda hacer realidad, es importante empezar, desde ahora, a resolver y ejecutar los cambios e incentivos que apremia el mercado laboral.

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